Dueños de tragamonedas en Miami reaccionan a prohibición estatal

Todavía estoy en shock, dijo Navarro a El Nuevo Herald. Esta medida nos ha dejado completamente en la calle. Estoy desilusionado con todo lo que ha sucedido.
El Nuevo Herald | Abril 12 de 2013
Enrique Flor
eflor@elnuevoherald.com

Desesperados, frustrados y hasta llorando, varios empresarios de tragamonedas que operan en centros comerciales y salas de juego en Hialeah dijeron el jueves que la decisión estatal de reprimirlos provocará un efecto dominó en el que al menos 14,000 personas quedarán desempleadas en la Florida.

Jesús Navarro, uno de los más importantes empresarios de ese giro en Hialeah, estimó que alrededor de 2,200 negocios en el estado se verán forzados a cerrar definitivamente sus puertas, tal como él lo hará con su compañía All American Amusements Inc., fundada hace 16 años.

“Todavía estoy en shock”, dijo Navarro a El Nuevo Herald. “Esta medida nos ha dejado completamente en la calle. Estoy desilusionado con todo lo que ha sucedido”.

Navarro, quien se había convertido en un activo contribuyente de las campañas electorales de los más importantes candidatos políticos de Miami y Hialeah, dijo que incluso había pagado permisos de funcionamiento por unos $300,000 para el presente año fiscal.

El jueves, el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, no precisó si su administración devolverá o no parte del dinero pagado por estos empresarios en esa ciudad, donde existen 2,269 máquinas tragamonedas que generan ingresos municipales por $1.2 millones al año aproximadamente.

“Nuestra prioridad ahora es hacer cumplir la ley”, dijo Hernández. “Cuando el gobernador firmó la ley el miércoles, inmediatamente nuestro Departamento de Licencias contactó a todos los dueños de las máquinas para informarles que tenían 48 horas para recogerlas”.

La medida estatal, denominada oficialmente HB 155 —que declara ilegal a las “maquinitas de juego”—, fue aprobada en respuesta a una investigación de tres años sobre apuestas ilegales en los cibercafés afiliados a Allied Veterans of the World, una organización caritativa con sede en San Agustín.

De acuerdo con la investigación, Allied Vets y sus afiliados recaudaron $300 millones en ingresos, pero sólo $6 millones fueron destinados a fines benéficos. La ex vicegobernadora Jennifer Carroll renunció a raíz de la investigación debido a que había trabajado como consultora para esa organización.

En Hialeah, la implementación de la ley estatal llevó a que el jueves los dueños de pequeños negocios como restaurantes o lavanderías, retiraran de la vista pública los tragamonedas y eviten la incautación. En el caso de las salas de juego, éstas cerraron definitivamente sus puertas.

“Siento impotencia de haber hecho todo dentro de las normas, de haber pagado mis licencias, y que ahora me vea forzado a cerrar”, dijo Javier Padilla, dueño de Little Vegas, una sala de juegos con 61 tragamonedas ubicado en el 3772 del oeste, en Hialeah. “Esto nos condena a la quiebra”.

Entre lágrimas, Padilla —quien es discapacitado— recorrió en su silla de ruedas la sala de juegos ya clausurada. Allí sostuvo que hace dos años había invertido cerca de $100,000 para emprender la empresa familiar con su esposa Lisbeth Cruz. Indicó que para este año fiscal, ya había pagado cerca de $9,000 en permisos a la Ciudad de Hialeah y al Condado Miami-Dade.

Entre el 2005 y el 2009, cerca de $50,000 fueron donados a campañas políticas de alcaldes y concejales de Miami y Hialeah, por compañías, dueños o familiares de la industria de máquinas tragamonedas, según registros públicos. Luego, esas autoridades impulsaron ordenanzas que permiten el uso de las “maquinitas”.

El jueves, el ex jefe de la policía de Miami, Miguel Expósito, dijo que la nueva ley estatal confirma que su decisión de arremeter contra las “maquinitas” en el 2010 siempre fue acertada, aunque esto le significara truncar su carrera policial. Expósito fue despedido tras el público enfrentamiento que protagonizó contra el alcalde Tomás Regalado, quien promovía una regulación favorable para las “maquinitas”.

“El tiempo me ha dado la razón”, comentó Expósito. “Si tuviese que enfrentarme de nuevo, lo haría. Siempre me he llevado por la ley y eso es lo que dicta mi trabajo, no lo que desea un alcalde o un político”.

Expósito precisó que los tragamonedas de los casinos son regulados e inspeccionados para asegurar el pago de un porcentaje de ganancia a los usuarios, a diferencia de las “maquinitas” que proliferan en centros comerciales y salas de juego que no son fiscalizadas y ofrecen menos de un 3 por ciento de oportunidades de pago a los jugadores.

Sin embargo, Navarro aseguró que sus máquinas eran de “entretenimiento” y no representaban una amenaza para la “poderosa industria de los casinos”.

“Se trata de dos negocios completamente diferentes”, enfatizó Navarro. “Durante las dos últimas semanas estuve en Tallahassee y me ha dado asco las mafias que funcionan allá arriba. A mi me da pena, porque yo era republicano. Por eso me voy a cambiar a demócrata y el lunes iniciaré las gestiones para pedir mi cheque de desempleo”.


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