Comisión de Miami quiere modificar acuerdo que protege derechos de los desamparados

Los comisionados votaron unánimemente a favor de contratar la firma Cole, Scott & Kissane para empezar el proceso de renegociación. El DDA ofreció cubrir este costo, que podría ser de unos $75,000.
El Nuevo Herald | Abril 11 de 2013
Melissa Sanchez
msanchez@elnuevoherald.com

La Comisión de Miami quiere modificar un antiguo acuerdo que protege los derechos de los desamparados de dormir, comer y congregarse en las calles de la Ciudad.

Durante la reunión del jueves, los comisionados votaron a favor de contratar una firma de abogados para peticionar una corte federal a fin de modificar el llamado Acuerdo Pottinger, el resultado de una demanda civil presentada por el American Civil Liberties Union (ACLU) en los años 80. El acuerdo prohíbe a las autoridades de arrestar a personas que duermen, comen, o realizan otras necesidades esenciales en las calles de Miami cuando no hay servicios, como un albergue, disponibles en ese momento.

El comisionado Marc Sarnoff presentó el proyecto, que se basa en un estudio del Downtown Development Authority que muestra que la presencia de los desamparados en el centro de la Ciudad tiene un impacto negativo sobre los negocios. Durante la reunión, varios líderes comunitarios, abogados y policías criticaron el Acuerdo Pottinger como una política obsoleta que no toma en cuenta el crecimiento residencial y comercial en el downtown.

Según estos críticos, muchos desamparados se aprovechan de las protecciones de Pottinger para cometer lo que serían delitos para otras personas. Dicen que los desamparados impiden a los residentes y visitantes andar tranquilamente por el downtown. Un policía, James Bernat, presentó fotos de desamparados desnudos, excremento humano y basura en el área de American Airlines Arena.

“Esta gente se esconde detrás de Pottinger”, dijo Bernat, quien pidió más recursos para lidiar con los desamparados.

El abogado Jay Solowsky, quien representa al DDA de manera pro bono, quiere que las cortes vuelvan a permitir a las autoridades de Miami arrestar a los desamparados cuando bloquean las aceras, prenden fuegos en los parques o defecan en las calles. Dijo que al llevar estas personas a las cortes, las autoridades les podrían ofrecer tratamiento a través de programas de rehabilitación.

“La meta no es arrestarlos, la meta es ayudarles a través de las cortes a participar en programas de tratamiento mental o de abuso de drogas”, dijo.

Entre sus otras metas: eliminar las protecciones del Acuerdo Pottinger a los depredadores sexuales; modificar la definición de los “desamparados crónicos”, de los cuales hay unos 350 en el downtown; y contar tapetes en el suelo de los albergues como “camas” en las cuales los desamparados pueden dormir.

Representantes del ACLU no estuvieron presentes durante la reunión. De hecho, ni sabían que la Comisión iba discutir el asunto.

El abogado Benjamin Watson, quien colabora con el ACLU y ayudó llegar al Acuerdo Pottinger, dijo que le parece que Miami ha declarado una guerra contra los desamparados.

“Quieren empezar de nuevo la campaña contra los desamparados que provocó a Pottinger”, dijo Watson.

Los comisionados votaron unánimemente a favor de contratar la firma Cole, Scott & Kissane para empezar el proceso de renegociación. El DDA ofreció cubrir este costo, que podría ser de unos $75,000.

En un asunto relacionado, el director del Departamento de Cumplimiento de Códigos, Orlando Diez, dijo que canceló un aviso de violación contra las Misioneras de la Caridad por alimentar a los desamparados sin un permiso municipal en su centro en Allapattah. Dijo que cambió de opinión tras enterarse que las Misioneras habían recibido un permiso especial para realizar estas actividades en 1982.

Diez agregó les ha pedido a las monjas que traten de realizar sus actividades de manera más organizada. Varios residentes que viven cerca de las Misioneras se habían quejado sobre las largas y espantosas filas de desamparados en meses recientes.

En otros asuntos, los comisionados decidieron aplazar un voto sobre un plan para redibujar los distritos electorales, debido a las continuas protestas de un grupo de residentes del Upper East Side.

Los vecinos pidieron la ayuda del alcalde Tomás Regalado para buscar una alternativa al plan actual, que divide a el noreste de la Ciudad entre los Distritos 2 y 5. Actualmente toda esa zona se encuentra en el Distrito 2.

Regalado, quien está de viaje esta semana, pidió que la Comisión aplazara el voto del jueves para dar más tiempo a que los residentes propongan alternativas.

En un memorándum a la Comisión, Regalado dijo que había hablado con la supervisora de elecciones condal, Penelope Townsley, sobre las preocupaciones de los residentes y que determinó que la Ciudad no enfrentaría una penalidad si no entregaba su plan para redibujar los distritos este mes.

Townsley dijo el jueves en un correo electrónico a El Nuevo Herald que las municipalidades, y no el Condado, son responsables por sus planes de redibujar los distritos. Sin embargo, clarificó que el Condado necesita los planos para finales del mes para redistribuir los centros de votación a tiempo para las próximas elecciones en noviembre.

El abogado Miguel DeGrandy, quien fue contratado por la Ciudad para redibujar los cinco distritos electorales, aconsejó que la Comisión debe tomar una decisión pronto para evitar la posibilidad de una demanda, debido a que los distritos actuales están desproporcionadamente poblados. Las municipalidades deben redibujar sus distritos electorales cada década en base al Censo federal para asegurar que cada distrito tenga el mismo número de residentes.

El reportero Charles Rabin de The Miami Herald contribuyó con esta información.



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