Caen casos anticorrupción de alto perfil en México

Un funcionario de la Procuraduría General, que no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que él no sabía por qué los fiscales federales decidieron que no tenían jurisdicción.
AP | Abril 24 de 2013
En apenas una semana, dos de los casos de más alto perfil contra la corrupción en México se vinieron abajo debido a pruebas débiles o inventadas, lo que reforzó la mala imagen que tiene desde hace mucho tiempo la Procuraduría General de la República: de un organismo más enfocado en vendettas o favores políticos que en la justicia.

Dos de los casos en contra de servidores públicos —un ex procurador antidrogas y un ex subsecretario de la Defensa, acusados de vínculos con los cárteles del narcotráfico— fueron desechados en cuestión de días la semana pasada.

En uno de los casos, el juez determinó que los testimonios de los testigos eran falsos, y el otro caso se disolvió porque los fiscales no pudieron encontrar pruebas que apoyaran las acusaciones.

Muchos culparon de los procesos fallidos a funcionarios del gobierno anterior, del presidente Felipe Calderón, que prepararon los casos.

Los expertos dicen que los procesos fallidos son producto de un sistema de justicia dominado por intereses políticos y están obstaculizados por un trabajo policial cuestionable y deficiencias de organización. Algunos casos pierden credibilidad porque se considera que constituyen una forma de favores políticos, mientras que otros se ven socavados por investigaciones de mala calidad realizadas bajo el calor del momento.

Javier Oliva, un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México que estudia asuntos de defensa y seguridad, opinó que la presentación de las investigaciones padece de deficiencias en la organización y fallas técnicas "graves". Dijo que estos casos fallan porque no tienen sustento legal.

El nuevo gobierno de México, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también desechó más calladamente otro caso que surgió durante el gobierno de Calderón: esta vez en lo que pareció aprovechar para lavarse las manos de un caso grande de corrupción que podría ser vergonzoso para el PRI.

Los fiscales federales turnaron el caso —relacionado con el ex gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, un político del PRI, durante cuyo mandato hubo un faltante de 3.000 millones de dólares en fondos públicos— a los fiscales locales de su estado natal, donde su hermano es el gobernador actual.

El caso estaba enfocado a dos personas cercanas a Moreira y a las que se les descubrió riqueza inexplicable, entre ellos el que fuera el tesorero del estado y que ahora está siendo buscado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

Un funcionario de la Procuraduría General, que no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que él no sabía por qué los fiscales federales decidieron que no tenían jurisdicción.

En cuanto al retiro de cargos la semana pasada a los dos ex funcionarios de alto rango que participaron en la guerra contra el narcotráfico, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha subrayado que las pruebas en contra de ellos estaban viciadas.

Los hombres, ahora en libertad, afirmaron públicamente que fueron sujetos de una venganza política por parte del anterior gobierno de Calderón y que los rescató el PRI, que el año pasado volvió al poder después de un paréntesis de 12 años.

Los dos casos fueron usados alguna vez como una demostración de que México está dispuesto a luchar contra la corrupción interna. Su fin llegó cinco años después de una reforma al sistema de justicia que supuestamente iba a traer equidad y transparencia.

El primero en ser puesto en libertad fue el ex fiscal antidrogas Noé Ramírez Mandujano, quien fue detenido en 2008 durante una redada interna conocida como "Operación Limpieza" entre acusaciones de que él recibió 450.000 dólares mensuales en efectivo del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Samuel González, quien una década antes de Ramírez Mandujano se desempeñó en el mismo puesto antidrogas, dijo que el caso contra Ramírez comenzó tras la detención en 2008 de Gerardo Garay, entonces jefe interino de la Policía federal del país, por robar dinero de una mansión en la Ciudad de México durante una redada de drogas.

Según González, el jefe y aliado de Garay, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, presuntamente se indignó por la detención y supuestamente exigió en represalia que Calderón enjuiciara a alguien del mismo nivel en la Procuraduría General de la República.
Mi opinión: (Máximo 1.000 caracteres)

(*) Si el mensaje excede el número máximo de caracteres será truncado automáticamente por el sistema.
Nombre - Obligatorio
Email - Obligatorio
Normas de uso
  • Esta es la opinión de los internautas, no de CARACOL1260
  • No está permitido registrar comentarios contrarios a las leyes de este país o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
  • Los mensajes aparecerán publicados en unos minutos.
© Caracol 1260 2100 SW Coral Way Suite 200 Miami, Fl - 33145 - (305) 285.1260 - 1 800 4411260 - Caracol 1260 es una empresa de Medición: