AP dice que la toma de registro telefónico es inconstitucional

Pruitt dijo en el programa "Face the Nation", de la cadena de televisión CBS, que al gobierno no le corresponde vigilar la actividad periodística de la AP.
AP | Mayo 20 de 2013
La obtención secreta de los registros telefónicos de dos meses de periodistas de The Associated Press por parte del gobierno de Estados Unidos fue "inconstitucional", dijo el domingo el presidente y director general de la AP, Gary Pruitt, y agregó que la cooperativa de noticias no ha descartado emprender una acción legal contra el Departamento de Justicia.

Pruitt dijo, en su primera entrevista para televisión desde que se reveló que el Departamento de Justicia había obtenido con una orden judicial los registros telefónicos de los reporteros y editores de AP, que esa acción ya ha tenido un efecto desalentador en el periodismo. Agregó que ha provocado que algunas fuentes no estén tan dispuestas a hablar con los reporteros de la agencia y que a largo plazo podría limitar la información que todos los medios noticiosos brindan a los estadounidenses.

Pruitt dijo en el programa "Face the Nation", de la cadena de televisión CBS, que al gobierno no le corresponde vigilar la actividad periodística de la AP.

"Y si ellos restringen ese sistema... el pueblo de Estados Unidos sólo se enterará de lo que el gobierno desea que sepan y eso no es lo que los artífices de la Constitución tenían en mente cuando redactaron la Primera Enmienda", destacó. La Primera Enmienda garantiza la libertad de prensa y otros derechos básicos.

En otra entrevista con la AP, Pruitt dijo que la cooperativa de noticias no ha decidido aún qué medidas tomará, pero que no ha descartado una acción legal contra el gobierno.

"Es prematuro saber si emplazaremos una acción legal pero puedo decirles que estamos sumamente disgustados y sentimos que nuestros derechos constitucionales han sido transgredidos", manifestó Pruitt.

"Han actuado con sigilo y de manera exagerada y abusiva, tanto que, en conjunto, son una acción inconstitucional porque viola nuestros derechos de la Primera Enmienda", destacó.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que el gobierno necesita impedir que haya filtraciones por cualquier medio necesario.

"Se trata de una investigación que tiene que hacerse porque las filtraciones de seguridad nacional, por supuesto, pueden provocar la muerte de nuestros agentes en el extranjero", dijo.

Mientras tanto, el senador republicano John Cornyn, miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, dijo que el gobierno debería prestar atención a quienes filtran asuntos delicados de seguridad nacional y no en los periodistas que informan sobre eso. El legislador dijo que su comisión debería realizar audiencias sobre la manera en que el Departamento de Justicia obtuvo los registros telefónicos de los reporteros y editores de la AP.

"Lo que me confunde es que se centre en la prensa, que tiene un derecho constitucional, y nosotros dependemos de la prensa para llegar al fondo en tantos asuntos que como individuos no podemos", indicó Cornyn.

"Se trata de una cultura de encubrimiento e intimidación que le está dando tantos problemas al gobierno", dijo Cornyn.

Aunque el Departamento de Justicia no ha explicado por qué obtuvo los registros telefónicos de los reporteros de AP, Pruitt se refirió a un despacho del 7 de mayo del 2012, que revelaba detalles sobre una exitosa operación de la CIA en Yemen para frustrar el plan de detonar una bomba en un avión comercial con motivo del primer aniversario del asesinato de Osama bin Laden acaecido el 2 de mayo de 2011.

La AP postergó la publicación de esa información a petición de los funcionarios del gobierno que afirmaron que ponía en peligro la seguridad nacional.

"Nosotros respetamos eso, actuamos responsablemente, atrasamos el despacho", dijo Pruitt.

Agregó que sólo después que funcionarios de dos entidades del gobierno señalaron que la amenaza había pasado es que la AP publicó la información. Pero el gobierno aun así pidió que la noticia fuera postergada hasta que un funcionario hiciera el anuncio al día siguiente, un pedido que la AP rechazó.

La agencia de noticias consideró que la noticia era importante porque funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional dijeron públicamente que no había evidencia digna de credibilidad de que había una amenaza terrorista para Estados Unidos cerca de la fecha del primer aniversario de la muerte de bin Laden.

"Eso era un engaño al público estadounidense. Consideramos que el público estadounidense necesitaba saber esta historia", añadió Pruitt.

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